Policía Nacional afecta el grupo de delincuencia común organizada “Longino”

Cinco capturas por orden judicial permiten afectar la cadena criminal dedicada al secuestro extorsivo
  • Policías del Gaula Boyacá con dos capturados
  • Policías del Gaula Boyacá con una capturada
  • Policías del Gaula Boyacá con dos capturados

La Policía Nacional, a través del GAULA Boyacá, en coordinación con la Fiscalía 226 DECOC, adelantó acciones investigativas y operativas que permitieron la materialización de cinco capturas por orden judicial, realizadas en Bogotá D.C., Barranquilla y el Departamento de Boyacá.

Este Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) “Longino” estaría dedicado a la comisión de secuestros extorsivos mediante la modalidad de “falso servicio con abordaje”, teniendo como principales víctimas a comerciantes y comunidad en general.

  • Luis Bernal quien desempeñaría el rol de logístico de la organización, custodio de los vehículos de las víctimas. Registra antecedentes por el delito de homicidio.
  • Laura Hernández quien desempeñaría el rol de financiera de la organización. No registra antecedentes.
  • Sergio Torres quien desempeñaría el rol de cuentahabiente, realizaba retiros de altas sumas de dinero. No registra antecedentes.
  • Esteban Capador quien desempeñaría el rol de cuentahabiente, facilitando la cuenta bancaria para facilitar la cuenta. No registra antecedentes.
  • Daniela Lagos quien desempeñaría el rol de cuentahabiente, facilitaba la cuenta para recibir altas sumas de dinero. Registra antecedentes por porte y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, esta estructura delincuencial operaría desde el interior de un centro penitenciario, coordinando las actividades ilícitas y afectando diferentes eslabones de la cadena criminal. El recaudo ilícito producto de estas actividades se estima en aproximadamente $260 millones de pesos.

La Policía Nacional continuará desarrollando acciones contra el secuestro y la extorsión, protegiendo a la comunidad y llevando ante la justicia a quienes pretendan afectar la libertad y el patrimonio de los ciudadanos.