La Policía Nacional, a través de la operación “Occidente Dorado II”, golpeó las finanzas criminales de las estructuras multicrimen con la extinción de dominio de bienes avaluados en $9.000 millones, debilitando la minería ilegal de oro en Antioquia y protegiendo el capital natural de la región.

En una ofensiva frontal contra las economías ilegales que amenazan la seguridad ciudadana y los recursos naturales del país, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental ejecutó la operación de extinción de dominio “Occidente Dorado II”, logrando la suspensión, embargo y secuestro de 31 bienes muebles e inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio y un título valor, avaluados en más de $9.000 millones, en la ciudad de Medellín y en los municipios de Buriticá y Santa Fe de Antioquia.

“Estos bienes, entre los que se encontraban un eco-hotel, casas-finca de lujo, apartamentos, predios rurales, sociedades comerciales y vehículos de alta gama, fueron adquiridos con finanzas criminales provenientes de la explotación ilegal de oro. Además, estas estructuras se valían de socavones y del uso indiscriminado de explosivos para sus actividades ilícitas”, señaló el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.

Entre los bienes se cuentan: 10 inmuebles (incluido un eco-hotel en zona turística, apartamentos y casas-finca), 3 sociedades, 2 establecimientos de comercio, 1 título valor y 15 bienes muebles (4 camionetas de alta gama, 2 camperos y 9 motocicletas). Este resultado constituye un golpe directo al Clan del Golfo, subestructura Edwin Román Velásquez Valle, que exigía mediante extorsión el 10% de la producción de oro ilícito en distintas regiones de Antioquia. Asimismo, representa una afectación patrimonial de $9.000 millones, recursos que sostenían la expansión del grupo delincuencial “Los del Cero”, el cual aportaba al Clan del Golfo un 10% de sus utilidades criminales.

La operación “Occidente Dorado II” significa un duro golpe a la minería ilegal y a las economías que financian la criminalidad organizada, además de constituir un avance en la defensa del capital natural del país.

La Policía Nacional ratifica su compromiso con la seguridad ciudadana, la protección del medio ambiente y la lucha contra las economías ilícitas, enviando un mensaje claro: ningún bien adquirido con dinero del crimen está fuera del alcance de la ley.