La Policía Nacional, a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) del departamento de Caldas, en desarrollo del Plan Cazador "Diamante" y en coordinación con la Fiscalía Tercera Especializada de Manizales y el GAULA Militar Eje Cafetero, logró la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) "NÉMESIS-R", mediante la materialización de seis órdenes judiciales de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.
Este importante resultado es producto de un riguroso proceso investigativo, sustentado en labores de policía judicial, análisis criminal y recolección de elementos materiales probatorios, que permitieron identificar la estructura organizacional del grupo, establecer los roles de sus integrantes y documentar su accionar delictivo.
La operación fue ejecutada de manera simultánea en cuatro municipios de dos departamentos del país: Florencia y Belén de los Andaquíes (Caquetá), así como Garzón y Campoalegre (Huila), donde fueron capturados seis presuntos integrantes de la organización.
Entre los capturados se encuentra alias "Nidia", de 30 años, quien, de acuerdo con la investigación, ejercía la coordinación de las actividades extorsivas. Asimismo, fueron capturados alias "Leo", "La India", "Yuli", "Barón" y "Diana", con edades entre los 20 y 36 años, señalados de cumplir funciones relacionadas con el recaudo y cobro de los dineros producto de las extorsiones. Durante las diligencias judiciales también fueron incautados seis teléfonos celulares que serán objeto de análisis forense.
De acuerdo con las investigaciones, esta organización criminal habría obtenido una renta ilícita cercana a $320 millones de pesos durante el último año, producto de las exigencias económicas impuestas a sus víctimas.
Las labores investigativas permitieron establecer que el GDCO "NÉMESIS-R" tendría una trayectoria criminal superior a dos años, concentrando su accionar en los municipios de Riosucio, Supía y Marmato (Caldas), así como en Belén de Umbría (Risaralda), afectando principalmente a líderes comunitarios, autoridades indígenas, docentes, comerciantes, transportadores, mototaxistas y ciudadanía en general.
Su principal modalidad delictiva consistía en la extorsión digital, mediante llamadas y videollamadas intimidatorias realizadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, en las que sus integrantes se hacían pasar por integrantes del Clan del Golfo, con el propósito de generar temor, intimidar a las víctimas y obtener beneficios económicos ilícitos.
Uno de los hechos que permitió fortalecer el proceso investigativo ocurrió el pasado 17 de marzo de 2026, cuando varias víctimas recibieron videollamadas en las que los delincuentes utilizaron herramientas de inteligencia artificial (IA) para manipular imágenes y simular la presencia de tres sujetos vistiendo prendas similares a las de uso privativo de las Fuerzas Militares y portando elementos que aparentaban ser armas de fuego.
Durante estas comunicaciones ilegales exigían pagos superiores a $30 millones de pesos, amenazando a las víctimas con declararlas "objetivo militar" y obligarlas a abandonar la región en caso de no acceder a las exigencias económicas.
La investigación también evidenció que la organización aprovechaba hechos de alto impacto registrados en el noroccidente de Caldas para fortalecer la credibilidad de sus amenazas. Luego de la difusión de noticias relacionadas con acciones violentas atribuidas a presuntos grupos armados organizados, los delincuentes incrementaban las llamadas y videollamadas extorsivas dirigidas a comerciantes y habitantes de la región, generando un ambiente de temor e incertidumbre entre la población.
Adicionalmente, se estableció que parte de las llamadas extorsivas eran coordinadas por personas privadas de la libertad recluidas en el establecimiento penitenciario de Cómbita (Boyacá), quienes orientaban las intimidaciones y articulaban las exigencias económicas con los demás integrantes de la estructura criminal.
Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión. En las próximas horas un juez de la República definirá su situación jurídica.
Con este contundente resultado operacional, la Policía Nacional continúa afectando las finanzas y capacidades criminales de las estructuras dedicadas a la extorsión, fortaleciendo la protección del patrimonio económico, la seguridad y la convivencia ciudadana en los departamentos de Caldas y Risaralda.
La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho relacionado con la extorsión o el secuestro a través de la Línea 165 del GAULA. La denuncia ciudadana continúa siendo la principal herramienta para combatir este delito.
¡Yo no pago, yo denuncio!
